Nueva nacionalización de la electricidad: Manuel Rodríguez
Redacción/
La nueva reforma del presidente AMLO busca “preservar la seguridad y autosuficiencia del país y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la empresa pública del Estado, destaca el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal
La reforma en materia de industrias estratégicas del Estado, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, garantizará el abasto y la soberanía nacional en materia de electricidad, aseveró el diputado federal Manuel Rodríguez González.
El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal destacó el espíritu plasmado en la iniciativa que busca modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución General de la República, en aras de “garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la empresa pública del Estado”.
Con lo anterior, se aclara que el responsable del sistema eléctrico nacional y de su control es el Estado mexicano, adicionando las funciones que debe tener: la atención a todos los estratos sociales y acceso a todo el pueblo de México, explicó el diputado federal de Tabasco.
Manuel Rodríguez precisó las repercusiones que la Reforma Energética de 2013 impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, tuvo en el pueblo mexicano.
Recriminó que esa reforma neoliberal estableció un sistema que no garantiza los elementos fundamentales del aprovisionamiento de electricidad, sino que obedece a un sistema supuestamente de competencia, cuyo único objetivo es apropiarse de los recursos e infraestructura de un servicio público esencial del Estado para convertirlo en fuente de beneficios privados, ajenos a las necesidades del pueblo y del desarrollo.
El legislador tabasqueño aseveró que el objetivo de la contrarreforma del presidente López Obrador es corregir ese sistema, donde no existe una entidad responsable de garantizar la satisfacción de las necesidades energéticas de la nación.
Alertó que en las condiciones actuales –tras el ardid político de la oposición que frenó en 2022 la reforma constitucional en materia eléctrica y recientemente con el fallo de la Corte que echó abajo la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se había logrado en 2021– ‘no existe garantía alguna de la satisfacción de los intereses de la población y sólo se asegura el beneficio de las empresas participantes’.
Rodríguez González recordó que el sistema que sigue vigente se construyó a partir de permisos ajenos a cualquier planeación de un sistema eléctrico nacional ordenado; permisos que, acusó, se concedieron sin tomar en consideración las necesidades de las diversas regiones del país, concentrándose en las de mayor capacidad económica y abandonando las de menores recursos.
Lamentó que el andamiaje jurídico heredado por el viejo sistema político estableció ventajas a favor de las empresas privadas en contra de la empresa pública, y ventiló que en esta falsa competencia, la CFE está obligada a adquirir la electricidad a las empresas privadas, con el objetivo de garantizarles su rentabilidad.
El parlamentario de MORENA denunció que la Reforma Energética de 2013 también dio origen a reglas de despacho económico en las cuales se otorgan todas las ventajas a las empresas privadas.
A eso se suman condicionantes como el autoabasto ilegal, en el que se concentran los grandes consumidores que quedan fuera del mercado como monopolios con despacho automático y que impiden a la Comisión Federal de Electricidad el acceso a los grandes consumidores. En síntesis, este sistema privilegia la prelación del interés privado sobre el interés público y nacional, condenó.
El representante popular de la Nación subrayó lo que ofrece la nueva iniciativa enviada por el presidente López Obrador, que “para evitar este vacío, propone añadir que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, vigente en nuestra Constitución, tengan un objetivo explícito.
“Preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la empresa pública del Estado”, puntualizó.
