En defensa de la educación
/Kristian Cerino /
A días de concluir el 2025 nos preguntamos qué han hecho los diputados federales a lo largo del segundo y último semestre del año.
Sabemos que la mayoría sí ha estado presente en el Congreso de la Unión, pero esa misma mayoría ha registrado una productividad menor en comisiones y en tribuna.
Recientemente presté atención a una entrevista radial realizada al legislador federal Julio Gutiérrez Bocanegra, sobre todo, porque estaba atento a indagar qué tareas han realizado los parlamentarios tabasqueños en la Cámara Baja.
Además de presentar un balance de las últimas acciones durante el periodo ordinario de sesiones, concluido hace unos días de diciembre, que entre otros puntos se atendieron la aprobación de los presupuestos estatales, Gutiérrez Bocanegra adelantó que en febrero próximo habrán de priorizarse las iniciativas en materias laboral y electoral, a las que ya se ha referido la presidenta Claudia Sheibaum Pardo.
Si bien coincidió en la necesidad de contraer más deuda pública para atender los rezagos en Tabasco heredados de administraciones estatales pasadas, esta vez, el diputado federal enfocó parte de la entrevista (en XEVT) en una iniciativa que habrá de prosperar en el siguiente periodo ordinario de sesiones en San Lázaro: evitar que las universidades continúen cometiendo abusos contra sus egresados a quienes les cobran hasta 50 mil pesos por llevar a cabo el proceso o trámite de titulación. El fin, explicó en la charla radial, es que se fije un monto de 5 mil pesos, como máximo, para que los estudiantes puedan afrontar el costo por derechos y títulos profesionales.
A decir del legislador morenista en este país 4 de cada 10 egresado de universidades (en su mayoría, privadas) no se titula por el excesivo costo de los trámites, cuando que un gran grueso de esta población ya ha pagado colegiatura a lo largo de varios años.
De ahí la importancia de establecer un tope de cobro dado los negocios cuantiosos que realizan instituciones de educación superior, sobre todo, en el ámbito privado. Y para ello será importante que esta iniciativa se haga ley.
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Quienes crean que será fácil obtener una candidatura en Movimiento Ciudadano en las elecciones intermedias de 2027 están equivocados. Percibo un gran alboroto en los municipios. De entrada, no ha habido señal alguna para renovar a la dirigencia estatal que aún ocupa Pedro Palomeque Calzada, mismo que se aferra. No olvidemos que después de sus tres alcaldías logradas en 2024, son muchos los interesados en ser abanderados a las presidencias municipales y diputaciones locales en Movimiento Ciudadano. Sin embargo, lo anterior no es ni será garantía de que podrán repetir la hazaña, a menos que superen sus rencillas internas y sepan lograr acuerdos, pero todavía están lejos de superar sus diferencias; un tema que no es ajeno al Partido del Trabajo y menos al PVEM, cuya única apuesta clara para el 2027 es Evaristo Hernández Cruz, exdiputado local y exalcalde, que busca ser nuevamente el primer regidor en Centro, una lucha estéril pues habrá de enfrentarse a un rival morenista (casos: Daniel Casasus, Jorge Bracamomente, entre otros probables aspirantes) que habrá de competir con estructuras sólidas y con mayor peso político. Por esta razón, 2026 será el año de las especulaciones y de las posibles definiciones no oficiales.
@Librodemar
