Denuncian  presunta corrupción  de auditores del  OSFE de Tabasco

Redacción/

Un grupo de empleados municipales de distintos ayuntamientos de Tabasco que ha elevado una denuncia pública contra presuntas irregularidades cometidas por auditores del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE). Según el testimonio, los funcionarios Manuel Gómez Rojas y Alejandra Itzel Priego Díaz, junto con un equipo identificado como Cristina, Melba, Luis y Elías, habrían utilizado su posición para ejecutar un esquema que combinaba auditorías intimidatorias, capacitaciones deficientes y la posterior venta de servicios tecnológicos a los municipios auditados, aprovechando su influencia institucional.

De acuerdo con los denunciantes que solicitaron el anonimato, entre noviembre y diciembre de 2024, los auditores realizaron revisiones en materia de Ley de Archivos y Control Interno, supuestamente con el objetivo de «sembrar miedo» en los ayuntamientos. Posteriormente, citaron a los funcionarios municipales a las oficinas del OSFE para ofrecerles capacitaciones en esos mismos temas, las cuales fueron calificadas como «una farsa» por su baja calidad y la falta de experiencia de los instructores.

En enero de 2025, según la denuncia, el mismo grupo habría regresado a los municipios para comercializar programas informáticos y servicios de defensa contra futuras auditorías del OSFE, prometiendo «limpiar observaciones» a cambio de contratos. Sin embargo, los ayuntamientos aseguran que las observaciones no fueron eliminadas, lo que revelaría un engaño sistemático para monetizar su posición previa en el organismo fiscalizador.

Los acusados, algunos de los cuales recientemente dejaron el OSFE, están señalados de utilizar información y contactos internos para beneficiar intereses privados. Los denunciantes subrayan la falta de regulación que impida a exfuncionarios del organismo ofrecer servicios vinculados a sus antiguas funciones, lo que facilitaría prácticas de corrupción. Además, critican la «falta de ética» de quienes, tras auditar instituciones, se posicionan como consultores para «proteger» a esas mismas entidades.

Como respaldo parcial, los denunciantes mencionan fotografías de los implicados en eventos del OSFE, así como documentos y testimonios de áreas contables municipales que serán compartidos próximamente. Hacen un llamado urgente al Congreso del Estado y la Fiscalía Anticorrupción para investigar posibles delitos como abuso de funciones, fraude y enriquecimiento ilícito. También solicitan al Tribunal Administrativo y a la Asociación de Municipios de México revisar contratos y verificar la legalidad de los servicios vendidos. Además, piden a medios de comunicación y organizaciones civiles, como Mexicanos contra la Corrupción, dar visibilidad al caso y evitar su opacamiento.

Aunque el OSFE no ha emitido un comunicado oficial, los denunciantes exigen que su actual titular, Juan José Peralta Fósil, actúe con transparencia y audite a su propio personal. También reclaman que se priorice la investigación contra «los amos intelectuales» y no solo contra empleados de menor rango, en línea con los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.

Los acusadores, quienes se mantienen en el anonimato por temor a represalias, insisten en que este no es un caso aislado, sino un reflejo de prácticas arraigadas que dañan la credibilidad del OSFE. Señalan que al menos una decena de municipios habrían sido afectados, aunque no especifican montos económicos. Finalmente, invitan a los periodistas a verificar directamente en los ayuntamientos los contratos firmados y las capacitaciones recibidas, como prueba tangible del presunto fraude.

La denuncia busca no solo exponer un caso específico, sino impulsar reformas que eviten el tráfico de influencias y garanticen la rendición de cuentas en órganos fiscalizadores. Hasta ahora, ninguna de las personas señaladas se ha pronunciado al respecto.