Exhorta líder del Senado a todos a comprometerse a garantizar acceso a información en materia de género

Redacción/

Intervención  de la presidenta del Senado de la República, la Sen. Mónica Fernández Balboa, en el foro digital del INAI.

 

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias por la invitación a este importante Foro virtual sobre: El Derecho de Acceso a la Información Pública y Género, porque, a pesar de guardar la cuarentena y continuar respetando las medias de sana distancia por el bien de México, es imprescindible continuar dialogando y concientizando sobre los problemas que debemos afrontar y superar para continuar evolucionando como nación y como sociedad.

Quiero comenzar recordando que, en 1922, el célebre jurista Hans Kelsen escribió que la democracia tiende fundamentalmente hacia la seguridad jurídica y, por lo tanto, a la legalidad y previsibilidad de las instituciones estatales. Su relevancia radica en que la democracia se apoya en procedimientos de ley y en que éstos deben estar a la vista de todas las personas.

La inclinación natural del Estado por crear organizaciones de control que garanticen la legalidad, lo llevó a identificar en el principio de la publicidad, vale decir, de la transparencia en términos contemporáneos, una de las garantías esenciales del Estado.
En efecto, como vislumbró Kelsen, la tendencia a la claridad es específicamente un valor democrático y, en consecuencia, se opone a la tendencia a ocultar la información, propia de la autocracia y el autoritarismo.
En ese sentido, hoy poca duda cabe de que el derecho a la información es, inclusive, un derecho humano imprescriptible. Y a este principio se han consagrado instrumentos del derecho internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 19 establece:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
De ello se extrae que el derecho a la información es consustancial al derecho de opinar y expresar las propias ideas, ni más, ni menos. De hecho, en el mismo tenor, el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala que:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística …”.

Por su parte, haciendo eco de esos antecedentes, la Comisión Americana de los Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, en su artículo 13 postula que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, este derecho comprende la libertad de buscar y recibir” información.
Pero, también es importante recordar que la Comisión plantea que: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares para periódicos, de frecuencias radioeléctricas y aparatos usados en la difusión, de información o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas”.
En otras palabras, se advierte sobre la falsedad y omisión en el manejo de información como una vulneración del mismo derecho.

Ha sido justamente bajo esta perspectiva jurídica y, al mismo tiempo, humanista, a través de diferentes reformas y esfuerzos de múltiples actores, que el Artículo 6o. de nuestra Constitución ha instituido el principio de la libre manifestación de las ideas, pero también los derechos de réplica y, sobre todo, a la información, que deberán ser garantizados por el Estado, bajo los términos siguientes:
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

A partir de ese fundamento, “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública…”

Hay que dejar claro que se trata de un derecho de la ciudadanía y de cualquier persona que, “sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública”.
Es con base en dicho Artículo que contamos con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Un organismo constitucional autónomo, que, como pocos, cuenta con un marco legal robusto y bien cimentado tanto en el derecho nacional como en el internacional.

Es una institución que está llamada a cumplir con una deuda histórica del Estado mexicano, que es la de contribuir en los procesos democráticos y, al mismo tiempo, en garantizar un derecho humano que es insoslayable: el derecho a la información. Podría incluso decir, que es un derecho a exigir nuestros derechos.

Ahora bien, en esta intervención quiero aprovechar para asentar un compromiso de estrecha colaboración y corresponsabilidad con el INAI y con los y las mexicanas, de dar un paso juntos en la defensa del derecho a la información particularmente en materia de género.

Es cierto que, en el pasado, el Senado ha trabajado en esta dirección tanto con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como con la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública, solo que ahora es tiempo de avanzar también en el reconocimiento no solamente de los derechos de una ciudadanía sin rostro, digamos, en abstracto. Esta vez las mujeres de todos los estratos económicos y condiciones sociales del país hemos alzado la voz para que se nos reconozca por fin el derecho a la representación igualitaria, a la paridad en todos los órganos y espacios en los que se legisla, en los que se define la política pública y se asigna el presupuesto público.
Es por ello que, con la reforma constitucional del 06 de junio 2019 en materia de paridad de género y la reforma del 13 de abril de este año, sobre Violencia Política contra las mujeres en razón de género, el Senado y la LXIV Legislatura está dejando su propia huella en la conquista histórica de los derechos humanos de las mujeres.

Y hay que insistir en que es relevante porque ahora también existe una gran responsabilidad del INAI, no únicamente en términos de conformarse de manera paritaria, sino en el sentido de hacer valer todo lo que corresponda al ejercicio de estos nuevos derechos alcanzados y que involucra a las principales instituciones del Estado mexicano, como a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los llamados niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; organismos constitucionales autónomos, al TEPJF, al INE, los OPLEs, entre otros.

Con las nuevas reformas, el INAI, a través de la vigilancia del respeto al derecho a la información, podrá contribuir directa e indirectamente en el cumplimiento de los principios de paridad y en el ejercicio de los derechos políticos, para evitar padecer violencia política en razón de género, toda vez que cada uno de esos órganos tiene la obligación de:

t) Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política, en los términos de la Ley General de Acceso;
u) Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente, todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género;
v) En el caso de los partidos, tendrán que elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente y con detalle sobre la aplicación de los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres; entre otras obligaciones.

Pero, por otro lado, es importante que aprendamos a ejercer nuestro derecho a la información todos y, especialmente, todas las mujeres, no solamente en esta coyuntura, en la que nos aqueja terriblemente la pandemia de la Covid-19, en la que se está recrudeciendo la violencia en contra de las mujeres, sino en todo momento, porque está visto que existe una violencia de género sistémica, que es física, emocional, simbólica y cultural en los diferentes ámbitos de las relaciones sociales, económicas y políticas.

Por tal motivo, de parte del Congreso de la Unión y, específicamente, del Senado, tenemos la convicción de que el peso político real que hemos alcanzado nos permitirá, por supuesto con el apoyo de muchos compañeros legisladores, traducir nuestra paridad en más y mejores leyes en beneficio de las mujeres mexicanas de todas las edades y condiciones, a lo largo y ancho de México.

En ese sentido, se trata de que el principio constitucional de máxima publicidad, del que hablaba Kelsen, se convierta en un puente de comunicación entre las mujeres y el ejercicio de sus diferentes derechos, merced a una democrática sinergia con el INAI.

Por delante, aún tenemos el reto de garantizar, de manera absoluta e incondicional, el derecho humano de las mujeres a la información, que diferentes comités de la ONU han recomendado a los Estados Parte, desde hace 15 años. Por ejemplo, en materias como:

● Educación en salud para los y las niñas y adolescentes, incluida la información sobre métodos de planificación familiar.

● Asegurar a las mujeres la igualdad de derechos para acceder a información y asesoramiento sobre planificación familiar.

● Tener acceso a la información y medios para ejercer el derecho de las mujeres a decidir el número y el intervalo entre el nacimiento de sus hijos.

● “facilitar a las y los adolescentes acceso a información sexual y reproductiva, con inclusión de la planificación familiar y de los contraceptivos, los peligros de un embarazo precoz, la prevención del VIH/SIDA y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual”.

Porque el derecho de las mujeres a la salud exige “que se supriman todas las barreras que se oponen al acceso de las mujeres a los servicios de salud, educación e información”.

Desde luego, uno de los capítulos que continúa siendo una herida abierta y lacerante, es el del feminicidio y todos los tipos de violencia que se continúan ejerciendo contra las mujeres. Como ustedes saben, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (1994), tuvo como uno de sus aportes el reconocer las implicaciones de los Estados en la violencia estructural y sistémica en contra de las mujeres, razón por la cual la Convención llamó a los Estados a asumir que cualquier solución tendrá por implicación lógica su compromiso claro y firme para erradicar la violencia.
Desde luego que México ha avanzado en esa línea, por ejemplo, con la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), pero no es suficiente. Estamos muy lejos de hacer realidad el principio madre que rige esta ley.

Por ello no extraña, lamentablemente, que durante esta cuarentena se hayan intensificado los casos de violencia contra las mujeres.

No obstante, la crisis del Covid-19 nos recuerda las tareas pendientes que existen en materia de derechos de las mujeres. De hecho, la crisis ha desnudado muchos vacíos que es importante que subsanen las instituciones de todos los niveles de gobierno. Y es por ello que cobra sentido tener información oportuna, clara y veraz respecto a la situación de las mujeres en el campo, el hogar, en los hospitales, en las cárceles, en los centros de trabajo y en todos los espacios en los que se desarrollan de manera presencial o virtual.
Es una realidad que, bajo ningún concepto, puede haber auténtica democracia sin paridad e igualdad sustantiva.
Permítanme concluir exhortando a comprometernos todas y todos a defender, respetar, promover y garantizar el acceso a la información en materia de género.

Gracias por su atención.
Sen. Mónica Fernández Balboa
Presidenta del Senado de la República y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión