Reforma constitucional en sector eléctrico no anulará participación de IP: Manuel Rodríguez González
Redacción/
El propósito de los cambios a la Constitución que serán propuestos en LXV Legislatura de San Lázaro contribuirán a que CFE recobre su fortaleza, pero en un contexto de competencia e igualdad con las eléctricas privadas, afirma el presidente de la Comisión de Energía
CDMX. La reforma constitucional en materia eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene la intención de anular la participación del sector privado en el sector, pero sí poner orden en el despacho de la energía, sentenció el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados federal, Manuel Rodríguez González.
El también diputado federal electo por Tabasco dijo que en la actualidad la iniciativa privada produce el 62% de la luz que se consume en todo el país, aunque no por cuestiones de eficiencia o de falta de capacidad del Estado en generación, sino por fines netamente de negocios, porque así se previó en la Reforma Energética de 2014.
Criticó que la legislación impulsada durante la administración del priísta Enrique Peña Nieto tuvo como destinatario el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que vulneró la seguridad y soberanía energética del país.
Rodríguez González aseveró que la CFE tiene en la actualidad la capacidad para aportar mucho más del 35 por ciento, que es a lo que los neoliberales la condenaron, teniendo muchas de sus plantas subutilizadas porque no se les permite el despacho.
No obstante, abundó, la reforma constitucional propuesta como parte de la Agenda Legislativa de la Cuarta Transformación tiene el propósito de que la empresa productiva del Estado despache el 54% de la energía del país, para dejar el otro 46% a los privados.
Acentuó que la 4T no está en contra de la iniciativa privada, porque su participación es ya una realidad en este sector estratégico; ‘lo que buscamos es garantizar la rectoría del Estado en el tema y recobrar así nuestra seguridad energética’, remarcó.
Rodríguez González anticipó que los cambios a la Constitución que serán discutidos en la 65 Legislatura que iniciará funciones a partir del 1 de septiembre, pretenden, entre otros temas, evitar que el entramado jurídico que se reconstruya en torno al sector vuelva a ser objeto de amparos, como sucedió con la reformada Ley de la Industria Eléctrica.
No habrá privilegios
Recientemente el Tribunal Colegiado en Materia de Competencia dejó sin efecto alrededor de 400 amparos que privados interpusieron para la suspensión definitiva de esa ley secundaria; sin embargo, una vez que se reglamente su aplicación y se instrumente, los inconformes podrán volver a recurrir a la materia de amparo y existe el riesgo de que pueda volver a detenerse, advirtió.
En entrevista, el representante popular anticipó que la reforma constitucional frenaría cualquier intentona en este aspecto.
Expuso que las modificaciones al entramado jurídico contribuirían además a avanzar en temas de seguridad energética aún pendientes, como son la capacidad de almacenamiento, incremento de la producción y que haya precios competitivos.
‘La reforma del presidente López Obrador busca cambiar el orden despacho de las fuentes de energía, para efectos de poner en las mismas condiciones a todas las plantas de generación de energía, no tan sólo las privadas, sino también las de CFE’, explicó.
Puntualizó que esto ayudaría a reducir el costo de las tarifas eléctricas en beneficio único de los usuarios y que todos los actores que participan en la industria compitan en igualdad de circunstancias, sin que haya privilegio para CFE o los privados.
