“No se trata de taparle el ojo al macho: hay que cumplir”: Jesús Manuel Argáez de los Santos, presidente del ITAIP

Entrevista/

Víctor Ulín/

En sus planes no está promoverse ningún aumento salarial para ganar los casi cien mil pesos que se embolsan mensualmente los consejeros electorales estatales. Pero sí solicitar una ampliación presupuestal el próximo año –“porque el de ahora es menor”- para poder concretar el proyecto de trabajo que ha definido con sus dos pares mujeres – Aleida López Arrazate y Teresa López de Jesús Luna Posada- que integran el Consejo del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública (ITAIP).

Tampoco busca emprender una “cacería de brujas” contra empleados del ITAIP que fueron contratados por ex consejeros o recomendados por funcionarios o el gobernante en turno.

“El que se quiera salir de la ley, se sale del ITAIP. Tenemos que ser personas profesionales, imparciales, objetivas y conocedoras de la ley. Obviamente la renovación de las instituciones es algo sano y también el respeto a las personas que lo integran; yo estoy en contra de cacerías de brujas o  de etiquetarlos por quien llegaron o con quién se llevan.  Aquí estrictamente hay una relación de carácter laboral y profesional. Y lo único revisable son los resultados. Yo no trabajo con amigos ni con enemigos, trabajo con resultados. Y me parece que esa es la mística que tenemos en el pleno”, sentencia.

En su oficina, el presidente consejero del ITAIP, José Manuel Argáez de los Santos, pide a los sujetos obligados, -funcionarios o presidentes municipales-, que cumplan el compromiso con la transparencia, porque de lo contrario serán sancionados, con multas que van de los 11 mil 500 a más de cien mil pesos, de acuerdo con las nuevas disposiciones.

Dentro de los nuevos retos que han identificado los consejeros con la ampliación de las facultades que le confirió la aprobación de la nueva Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales, destaca la necesidad de tener “que formar e informar a los sujetos obligados sobre la importancia que cumplan con la transparencia y el derecho de acceso a la información, pilar en la construcción del Estado Mexicano”.

“Hacer esa conciencia, nosotros queremos visitar a los 106 sujetos obligados y que conozcan que no se trata de taparle el ojo al macho, de cumplir por cumplir, sino que realmente a profundidad y cabalidad sepan que la transparencia, el derecho a la información y la protección de datos personales son ejes rectores del Estado Mexicano”, plantea.

Esa estrategia formativa e informativa incluye también a los ciudadanos para que conozcan la ley, utilicen las herramientas tecnológicas  y ejerzan su derecho a la información.

“Como órgano garante necesitamos hacer operante este derecho de acceso a la información”, sostiene.

-Doctor, ¿qué vicios, que rezagos encontró, qué deficiencias de los anteriores consejeros?

-Obviamente tenemos formas diferentes de trabajar. Es un nuevo pleno. Distinto. Los trabajadores han estado a la altura del reto. Hay a la fecha una productividad de 5.7 por ciento por día natural y de 7.4 por día hábil de productividad. En este primer mes se han atendido 179 recursos de revisión y me parece que eso habla de que la gente que encontramos aquí es capaz de sacar adelante los retos que tenemos, mucho más cuando los tiempos de repuesta se redujeron: de 15 ahora son diez días para resolver y eso impacta enormemente en el trabajo que se realiza aquí, pero se ha cumplido en tiempo y forma. Aunado a las reuniones previas y a las sesiones en el pleno que tenemos.

-Al ITAIP se le ha considerado como un elefante blanco, rehén de intereses políticos, ¿cómo le hará para contrarrestar eso?

-El pleno ha instrumentado una mística de trabajo y resultados. Y así es como me he conducido toda mi vida. Por eso me identifico mucho con mis compañeras comisionadas. Son mujeres de trabajo. Que han construido su trayectoria y carrera profesional basados en el esfuerzo. Sin lugar a dudas lo que nos interesa es que cada trabajar del Instituto cumpla con su trabajo y dé los resultados. Y en eso nos basaremos objetivamente.

Y de lo otro que me dices yo no podría tener elementos para calificar desde el punto de vista político, pero sí tenemos elementos para conducir el trabajo de la institución sobre cuestiones jurídicas, apegándonos a la legalidad, ya que también la nueva ley permite que el trabajo que se hace aquí sea revisado por el INAI. Tenemos que tener presente que lo que realizamos no se queda aquí e incluso por otro órgano jurisdiccional por la vía del amparo. Eso nos obliga a ser más juicioso y apegarnos estrictamente a la legalidad.

-¿Con qué compromisos llegan los consejeros cuando el proceso de elección fue totalmente diferente? Le pregunto esto porque los anteriores eran prácticamente impuestos por el gobernador y llevaban el estigma granierista, andradista?

-El compromiso que nosotros tenemos es trabajar arduamente. Apegarnos a la legalidad. Ser imparciales, como nos hemos venido conduciendo en este primer mes y en los 179 recursos de revisión que ya se han atendido y resuelto. Tenemos un compromiso con la ciudadanía. La ley es diferente y la revisión que hacemos también. Eso nos coloca a trabajar con mayor ahínco y a dar resultados a cada una de las peticiones de la ciudadanía.

-¿Qué tan independiente es y será su desempeño?

-Completamente independiente. Hemos resuelto en este primer mes 179 casos y yo no he recibido una sola presión, de ninguna naturaleza. Hay respeto al trabajo hecho aquí.

-¿No  cambiará esa dinámica? Vendrán tiempos electorales. No faltará el funcionario que no quiera entregar información.

-Creo que lo que sí puede haber por parte del sujeto obligado es el desconocimiento de la ley en materia de transparencia y sus obligaciones. Por eso para nosotros es importante hacerle de su conocimiento de manera amplia, que conozcan cuáles son los alcances de estas disposiciones legales y las responsabilidades ulteriores que puede haber. Porque independientemente de los recursos que puedan interponer los solicitantes y ciudadanos en su derecho de acceso a la información, también se pueden implementar multas contra los sujetos obligados que van, la mínima, de los 11 mil 500 a los cien mil 500 pesos.

“Yo no trabajo con amigos ni con enemigos, trabajo con resultados. Y me parece que esa es la mística que tenemos en el pleno”.

Y la ley establece que en caso de que se impongan, las multas deben ser pagadas por el funcionario que no cumplió con la ley, no con recursos públicos. Y en ese sentido los servidores públicos deben hacer conciencia de puede haber una afectación directa a su patrimonio o a su bolsillo si incumplen con la ley en la materia.

-Históricamente, los gobiernos municipales se han opuesto a transparentar la información. Ni sus portales tienen actualizados o son infuncionales.

-La mayor parte de los recursos que se han revocado ha sido contra los gobiernos municipales. La mayor parte de los problemas ha sido con los municipios. Ha habido incluso silencios administrativos. Se tiene que trabajar muy duro en ese ámbito porque la ley los alcanza.

Accesible, el también catedrático de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) considera que debe, sobre todo, cuidarse que no cualquiera sea designado como responsable del área de transparencia en las dependencias o en los Ayuntamientos municipales y refiere que precisamente el ITAIP está en la mejor disposición de capacitar al personal para que no incumplan con los procedimientos para entregar información.

-¿Qué le diría usted a los alcaldes para que cumplan?

-Que tienen que cumplir. Porque cumplir con el derecho a la información es cumplirle también al pueblo. Es un derecho constitucional, humano, que está establecido a favor de los ciudadanos y la base de un gobierno democrático es la transparencia.

-“El compromiso que nosotros tenemos es trabajar arduamente. Apegarnos a la legalidad. Ser imparciales. Tenemos un compromiso con la ciudadanía”.

-¿Y a los funcionarios estatales?

Exactamente lo mismo. Y le decimos que el ITAIP tiene las puertas abiertas. Que busca fortalecer este derecho con la ley en la mano. Capacitando. Porque tenemos un período de seis meses de gracia en lo que entra en vigor la ley para que tengan sus portales. Empezaremos con la verificación de los portales. Estamos en la disposición de orientarlos, de asesorarlos, de acompañarlos, para que sus portales de transparencia estén al día, con la información que la ley les dice que debe estar publicada. Porque a partir de que concluya los seis meses de gracia, los incumplimientos traerán sanciones.

– Y a propósito de los súper salarios de los consejeros electorales, ¿se aumentarán ustedes?

-No se han tocado. Son las mismas que se tenían desde hace varios años antes que no se han aumentado. Nosotros tampoco tenemos la intención. Tenemos otras prioridades.

-Ya ve que el diputado Marco Rosendo propuso una iniciativa para regular los salarios de los consejeros.

-Me parece muy bien. Creo que debe haber una regulación. La cámara, los diputados, dentro de sus propias atribuciones tienen la facultad de crear la normatividad para que todo organismo se constriña a lo que marca la ley. Creo que sí tiene que haber una normatividad que permita que no haya excesos, como órgano autónomo, en los sueldos.

–Pagarán justos por pecadores, ¿no cree?

-No tenemos ningún temor. No es un tema que nos preocupe. Nosotros nos constreñimos a lo que dice la ley y seremos muy respetuosos de lo que se determine en ese sentido.