Inhabilitan a ex funcionarios granieristas
Redacción/
La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Contraloría de Tabasco (Secotab), inhabilitaron para ocupar cualquier cargo público hasta el 26 de noviembre del 2026 al exsubsecretario de Egresos, Miguel Ángel Contreras García, y hasta el 20 de febrero de 2022 al exdirector de Tesorería, Alejandro Villegas Aparicio, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la pasada administración estatal.
Lo anterior como resultado de los procedimientos de responsabilidad administrativa, derivados de observaciones realizadas por diferentes entidades fiscalizadoras; la medida comprende además sanciones por 2 millones 410 mil 32 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para Contreras García, y de 75 mil 44 para Villegas Aparicio. Cabe señalar que la UMA es el equivalente al salario mínimo general vigente diario en el país.
Las inhabilitaciones fueron resultado de las auditorías realizadas por la SPF y Secotab a los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Educación Media Superior en CECYTES, a los subsidios federales para Organismos Descentralizados Estatales y de la Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, ejercicio presupuestal 2012, que arrojaron probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal por 45 millones 379 mil 281.71 pesos.
De igual forma, se encontraron probables daños por 8 millones 144 mil 45.28 pesos, a causa del incumplimiento en las aportaciones comprometidas a través del Acuerdo de Colaboración, así como recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería Federal; esto en cuanto a los recursos federales para Organismos Descentralizados Estatales y Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, también del presupuesto 2012.
Además, en el Programa del Convenio Específico en Materia de Transparencia de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, correspondientes a 2011 y 2012, se presume un perjuicio a la hacienda federal por 76 millones 400 mil, los cuales fueron utilizados en fines distintos; asimismo, hubo incumplimiento en el destino de los recursos financieros, e incumplimiento de los requerimientos de información y documentación.
