Contratos leoninos por 200 mmdd, detrás de batalla judicial contra reforma eléctrica’: Manuel Rodríguez González
Redacción/
- Resistencia contra cambios normativos aprobados por Congreso de la Unión a iniciativa de AMLO proviene de una red de intereses políticos-empresariales que se niega a soltar el botín que para ellos significa la riqueza energética de México, denuncia.
- Reitera que SCJN hará valer intereses de México, por encima del lucro de unos cuantos; llama a no desviar la atención: ‘a lo largo de la historia toda gran transformación del país ha pasado por los tribunales’, sentencia el presidente de Comisión de Energía.
CDMX. El presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro, Manuel Rodríguez Gonzalez, advirtió que detrás de los amparos contra la reforma eléctrica se esconden ganancias estratósfericas que dejarán rentas, sólo por contratos leoninos a favor de una red de intereses políticos-empresariales, por más de 200 mil millones de dólares en los siguientes 25 años.
El diputado federal por Tabasco atribuyó la negativa de los privados a acatar las disposiciones de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, a su resistencia a soltar el botín en que han convertido la riqueza energética de México.
Para dimensionar las ganancias proyectadas para los generadores privados, habría que destacar que la cifra es superior a la deuda de Pemex heredada por gobiernos anteriores, la cual asciende a 113 mil 200 millones de dólares, sentenció.
El legislador de Morena en la Cámara de Diputados federal aseveró que en estos números radica la virulencia de los privados contra la reforma eléctrica, pero atajó que el litigio apenas empieza y llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Confió en que la Corte hará valer los intereses de México, porque lo que está de por medio es la soberanía y seguridad energética del país y la posibilidad de ofrecer a los mexicanos un servicio eléctrico de calidad y con tarifas baratas no sólo para los hogares, sino también para toda la industria y el comercio.
El presidente de la Comisión de Energía –organismo donde se procesó y dictaminó la iniciativa que aprobó el Poder Legislativo– brindó todo su respaldo al jefe del Ejecutivo federal en esta lucha, y alertó que toda gran transformación política, económica o social que ha vivido México a lo largo de su historia ha pasado por el ámbito legal.
Subrayó que el mes de marzo resulta un periodo idóneo para recordar que la soberanía de nuestro país siempre ha estado a merced de una clase privilegiada que se ha enriquecido al amparo del poder político.
‘La historia es cíclica’
Rodríguez González que la expropiación petrolera de 1938 representa un ejemplo de que la batalla por reivindicar la soberanía del Estado mexicano sobre sus recursos estratégicos también pasó por los tribunales.
“Hoy como en 1938, el centro del debate en torno al sector eléctrico es el capítulo económico de la Constitución, y particularmente el artículo 27, que establece la exclusividad de la nación en la planeación y el control del sistema eléctrico; así como la propiedad inalienable e imprescriptible de los hidrocarburos”, estableció.
El diputado federal por el Cuarto Distrito del Municipio de Centro se pronunció contra quienes presumen hablar por el pueblo, cuando en realidad lo hacen para defender los privilegios que los viejos regímenes concedieron a una red de intereses político-empresariales.
“La historia suele ser cíclica: en la actualidad la defensa de la rectoría del Estado sobre los sectores estratégicos vuelve a estar en el decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, cuyos efectos han sido suspendidos por un par de jueces, argumentando que dañaría la competencia y otorgaría ventajas a la CFE”, recriminó.
Tildó esta argumentación como una falsedad, toda vez que los generadores privados participan con 60.6 por ciento en el mercado eléctrico mayorista.
En ese escenario, la Comisión Federal de Electricidad es obligada a competir en condiciones de inequidad y desigualdad, subsidiando a esas empresas, con sociedades de autoabasto que le arrebatan con prácticas de dumping 15 por ciento de clientes, concluyó Rodríguez González.