¿Cárcel a doña Martha?

Víctor Ulín/Sin Remitente/

Para el imaginario colectivo, la otrora poderosa Presidenta del DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, es la principal corresponsable del presunto saqueo que encabezó su esposo, el ex gobernador Arturo Núñez Jiménez, y por tanto su destino debe ser la cárcel o de menos que regrese lo que se llevó.
El veredicto de los tabasqueños es, pues, inapelable. Solo que llevarla a los tribunales, como una buena parte de la población desea, no es tan fácil, aunque tampoco imposible.

Al respecto, cuando ha tocado el tema a pregunta expresa de los reporteros y en entrevistas a Telereportaje, el gobernador Adán Augusto López Hernández ha sido prudente para no generar faltas expectativas y no repetir errores de la anterior administración que emprendió una persecución contra ex funcionarios granieristas que finalmente han sido liberados o exonerados por la falta de pruebas.

El punto no es que la mayoría de los tabasqueños estén convencidos de la culpabilidad de la ex presidenta del DIF por haber dispuesto presuntamente del presupuesto y de hacer cuánto negocio con sus familiares, sino la complejidad para demostrar que, en efecto, tiene una eventual responsabilidad por su desempeño como funcionaria y en el uso de los recursos.

A los políticos, -habría que recordar- se les puede acusar de corruptos, pero no de tontos.

El verdadero desafío de la administración del gobierno en turno es encontrar las evidencias suficientes como para documentar fehacientemente que tanto la ex Presidente del DIF, como cualquier otro ex funcionario o el mismo ex gobernador, está relacionado en actos de corrupción.

Apenas el fin de semana pasado, la vocera del gobierno, Malú Somellera, informó que si derivado de las auditorías en curso se encuentran y documentan irregularidades en el DIF, se actuaría en consecuencia en contra de quien sea, en alusión a la ex Presidenta.

Para la administración estatal debe ser importante informar puntual y detalladamente a los tabasqueños si los resultados de las auditorías alcanzan -por las pruebas que puedan acreditarse- para llamar a cuentas ante la justicia a la ex Presidenta del DIF, – y también a una decena de ex funcionarios que dejaron las arcas vacías-, o bien, si no hay evidencias -porque las hayan desaparecido- para no actuar en su contra porque la sola denuncia no prosperia.

Aunque parezca que no, buena parte de los tabasqueños está consciente de que quienes gobernaron el sexenio pasado, antes de irse, limpiaron sus huellas para no ser atrapados o vinculados con actos de corrupción y que dificilmente tocarán la cárcel.

Y quizá eso explique que la ex Presidenta del DIF viva ya en la Ciudad de México, quitada de la pena.