Corremos riesgo de pasar de un sistema democrático a uno plutocrático: Núñez

Redacción/

El Gobernador disertó sobre la transición democrática de nuestro país, en Seminario Internacional de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona/

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Barcelona, España.- Al participar como invitado especial en el Seminario Internacional El Constitucionalismo Latinoamericano en el Centenario de la Constitución Mexicana, el Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, consideró que la realidad política mexicana pasa por un claroscuro, con avances importantes y significativos, pero también con un déficit de ciudadanía por su desigualdad social.

“Este escenario nos hace correr el riesgo de que pasemos de un sistema democrático a un sistema plutocrático, porque ya no existe el fraude en el padrón electoral, en la lista de votantes o en el propio sufragio; pero en las condiciones de la gente sí hay una brutal desigualdad social”, aseveró en el Campus de la Universidad Pompeu Fabra.

En compañía de Alejandro Saiz Arnaiz, titular del Departamento de Derecho de esta institución académica, Núñez Jiménez aseguró que cuando se conjugan radicalización, movilización y fragmentación partidista, crisis de legitimidad e ineficacia gubernamental, se tiene la base objetiva para una restauración autoritaria.

Siempre existe el riesgo de ella, pero creo que esa restauración no aparece en el horizonte de nuestro país, dijo; en ese sentido, los actores políticos no lo asumimos como fatalidad, porque deseamos que México siga creciendo en su democracia, afirmó al ofrecer la ponencia “La transición democrática de México. El cambio político por la vía constitucional”.

Junto a destacados constitucionalistas mexicanos, latinoamericanos y europeos, el mandatario tabasqueño recordó que el pasado 1 de mayo se cumplieron cien años de la entrada en vigor de la Constitución Mexicana promulgada el 5 de febrero de 1917, la cual ha permitido dos grandes transiciones políticas: la del régimen porfirista al de la Revolución Mexicana; y a partir de 1977, al régimen de la democracia.

Arturo Núñez señaló que en cien años de vigencia, nuestra Carta Magna ha sido reformada en 703 artículos de los 136 que tiene, lo que supone que un mismo precepto ha sido modificado un gran número de veces, a través de 231 decretos, los cuales han actualizado desde uno hasta 30 de estos apartados, apuntó.

Dijo que la mayoría de esos cambios se hicieron en un periodo amplio, pero 49 por ciento de ellos han sido reformados a partir de 1988, y 60 por ciento de los decretos fueron emitidos después que el partido hegemónico perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El Ejecutivo estatal abordó el referente metodológico del político alemán Dieter Nohlen, que propone el análisis del sistema político a través de tres subsistemas: el electoral, el de los partidos y el de gobierno.

Señaló que en lo electoral, México tuvo durante 165 años un solo sistema: cuando se votó para diputados provinciales en la Constitución de Cádiz de 1812, y hasta 1977 -cuando se introdujo el principio de representación proporcional en un sistema electoral mixto-, se tenían solo representantes por mayoría relativa, con elecciones directas. Con la representación proporcional afloró a plenitud la pluralidad política del país, observó.

En cuanto al sistema de partidos, Núñez Jiménez dijo que con diversas evoluciones se configuró un sistema de partidos de tres círculos concéntricos, con relación a la proximidad con el poder: con el PRI, PAN y PRD, este último surgido de varias expresiones de la izquierda.

Y en lo concerniente al sistema de gobierno, México pasó de un presidencialismo hegemónico a uno acotado, porque ya no se toman decisiones centralizadas, sino que depende de situaciones y razones desde económicas hasta política, concluyó.

A este foro internacional también acudieron constitucionalistas mexicanos como Diego Valadés Ríos, Héctor Fix Fierro y Santiago Oñate Laborde, y especialistas de las universidades de Valencia, de Torcuato Di Tella, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras instituciones.