Diputados independientes del Congreso de Tabasco demandan a Manuel Andrade

Redacción/

En pleno uso de nuestros derechos humanos y políticos, cinco diputados iniciamos un procedimiento legal con el propósito de frenar la escalada de odio en contra nuestra, emprendida a través de medios diversos por el coordinador parlamentario del PRI en Tabasco.

Los diputados Patricia Hernández Calderón, Leticia Palacios Caballero, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, Zoila Margarita Isidro Pérez y José Atila Morales Ruiz, acudimos ante los jueces civiles con el propósito de que cese la campaña denostativa en nuestra contra derivada del ejercicio del  derecho a militar en el partido político de nuestra preferencia.

El referido coordinador parlamentario, en franco abuso de la libertad de expresión, no solo actúa con violencia de género y viola el principio de ética que se supone debe regir la actuación de un representante popular, sino que mediante sus sistemáticos ataques pone en riesgo nuestra integridad personal y familiar.

Actuamos con la convicción de que las leyes de Tabasco, la Constitución Federal y los tratados internacionales de derechos humanos, tutelan la protección de la dignidad humana contra ataques ilegales e injerencias indebidas que dañan la honra y reputación de las personas.

Es del conocimiento público que en redes sociales y en declaraciones a los medios de comunicación, se han difundido expresiones y agravios, acusándonos de conductas que nunca se dieron, que jamás han sido probadas o resultado de alguna resolución judicial; dolosamente han sido dirigidas para causarnos menosprecio.

Todos en México estamos sujetos a la leyes. Será el poder judicial quien, con fundamento en  leyes vigentes, de seguimiento y desahogue la la acción procedente y la responsabilidad civil de quien instrumentó esa campaña.

Confiamos en los jueces. Las acciones que promovemos son nítidas. Previstas en los  códigos civiles tanto en lo sustancial como en lo procesal. Por lo tanto son totalmente validas.

¿Es la demanda una reconvención a los dichos del diputado Manuel Andrade Díaz? En ningún momento se está haciendo reconvención alguna al desempeño legislativo de alguien.

Lo que estamos pidiendo a los jueces es que sancionen a quien irresponsablemente, más allá de los límites de la libertad de expresión, ha divulgado expresiones de odio, de menosprecio, injurias, difamatorias, maquinadas para dar por ciertos hechos inexistentes, afectándonos en nuestra vida personal  y pública, a nuestras personas y familias.

¿Qué tipo de demanda interpusimos? Es un procedimiento civil. Primero son diligencias previas antes del Juicio por daño moral causado.

¿Quién es el responsable de esa campaña? Un integrante de la propia legislatura, hacia quien nosotros no hemos dado en lo personal motivo alguno para que nos agreda y ofenda. Y como nosotros somos respetuosos del marco jurídico, hemos acudido a la instancia competente.

¿Qué resultado esperamos del juicio? Indudablemente que debe castigarse al autor de esa campaña. El fuero no protege a nadie contra una demanda de tipo civil. El marco jurídico que rige la convivencia entre los tabasqueños es muy claro a este respecto.

Seguramente se argumentará cobardemente que la campaña se realiza al amparo de la función como diputado o que quiere acallarse su libertad de expresión, pero está más que claro que ninguna ley autoriza a los legisladores a difamar, injuriar o desprestigiar a otro legislador o a cualquier ciudadano, y menos cuando lo hacen al margen de las atribuciones que tenemos  como diputados.

Reorientar la militancia partidista, o la actividad parlamentaria, no viola ninguna ley estatal o federal. Es una decisión personal que tampoco puede ser vilmente descalificada.

¿Qué legislación nos autoriza para demandar? El artículo uno de la Constitución Federal y el artículo 2051 del Código Civil son la fuente de nuestra acción. Se trata de una demanda civil de diversos ofendidos contra el demandado.

La demanda quedó registrada como expediente número 213/2017, ante el Juzgado Tercero del Primer Distrito Judicial del Municipio de Centro, con fecha 6 de abril de 2017.

Reiteramos nuestra confianza plena en el sistema de justicia, al igual que el compromiso que como diputados tenemos, de trabajar en pro del bienestar de la sociedad tabasqueña, para que nuestro querido Tabasco supere la problemática que nos aqueja y que al plazo más breve podamos superar los diversos problemas que padecemos.

Por eso mismo, aprovechamos para exhortar al coordinador parlamentario del PRI y en general a nuestros homólogos, así como a los actores políticos en general, a no extraviarnos en discusiones estériles y, mucho menos, en guerras sucias, de abierta difamación.

Es la hora de ser propositivos y sumar esfuerzos, al margen de las preferencias partidistas o simpatías políticas de cada quién.

Atentamente:

Diputados Patricia Hernández Calderón, Leticia Palacios Caballero, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, Zoila Margarita Isidro Pérez y José Atila Morales Ruiz.