Libertad para decidir, sí
Víctor Ulín/
Los diputados de Tabasco se sumaron este 14 de mayo a otros 23 estados del país para despenalizar el aborto del Código Penal Estatal y salvar miles de vidas de mujeres.
Por mayoría, en un hecho histórico y progresista, los legisladores defendieron con su voto igual la dignidad y autonomía (libertad) de las mujeres para decidir si quieren o no interrumpir sus embarazos sin enfrentar una consecuencia legal como cuando se le violentaban sus derechos.
La decisión de los legisladores locales, de fondo, más allá de que coincidieran o no por sus creencias, respondió al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el 6 de septiembre del 2023, tras obligar a jueces federales y locales a respetar su veredicto y aplicarlo, resolvió que castigar a la mujer que deseaba abortar o con capacidad gestante era contrario a su derecho a decidir.
“Las disposiciones penales que criminalizan de manera absoluta el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo son contrarias a los derechos a la dignidad humana, a la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho de igualdad y no discriminación”, fundamentaron en la resolución los magistrados.
Como era de esperarse, la aprobación de los diputados locales de Tabasco que cumplieron el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación provocó una reacción de grupos, asociaciones y personas que defienden desde sus creencias, muy respetables, su derecho a la vida y que condenan a las mujeres que optan por la interrupción del embarazo.
Pero más allá de las posiciones encontradas, la armonización del Código Penal Estatal con el Federal que fue reformado y/o derogado respecto a los castigos que imponía, privilegia el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, pero también lo hará bajo sus principios y creencias, sin presiones ni chantajes morales ni religiosos ajenos.
La aprobación de los legisladores hasta hoy de 24 Estados, el más reciente fue el de Tabasco, es resultado de la lucha histórica que las mujeres del país han venido dando para garantizarles el respeto y reconocerles sus derechos humanos.
Toca ahora a las instituciones públicas de Salud establecer los protocolos sobre la manera en la que serán atendidas quienes deseen de manera informada decidir o no si desean ser madres, bajo las circunstancias en las que ocurra su embarazo.
En Tabasco, hay que reconocerlo, el Hospital de la Mujer venía ya atendiendo los casos, hasta antes de las 12 semanas en las que se permitirá la interrupción del embarazo, que se habían presentado en cumplimiento al mandado de la Suprema Corte de Justicia.
Lo que no se había hecho, pero debe hacerse, es informar en los medios de comunicación e instituciones de educación, por ejemplo, que toda mujer puede ser atendida en los hospitales públicos que en el caso de Tabasco forman parte ya del sistema federal de Salud.
No pasará mucho tiempo para que los ocho estados que faltan acaten el mandato de la Suprema Corte de Justicia y México sea un país en el que garantice la libertad de las mujeres a decidir en libertad sobre su propio cuerpo y por tanto sobre si interrumpen o no su embarazo basado en sus particulares intereses de vida.
